Como miembro de la Fundación Interamericana del Corazón, Argentina ha participado junto con entidades de México, Colombia y Brasil en la elaboración del informe “La salud no se negocia. La sociedad civil frente a las estrategias de la industria tabacalera en América Latina”. En su descripción hacen referencia a las estrategias publicitarias que permanentemente desarrolla la industria aprovechando vacíos en la reglamentación de las leyes antitabaco.

  Campañas dirigidas a los puntos de venta  

En Argentina, por resolución del Ministerio de Salud, los paquetes de cigarrillos deben contener leyendas e imágenes advirtiendo los riesgos de fumar. Estas advertencias deben ocupar el 50% inferior de una de las superficies principales, pero se han diseñado cigarreras que ocultan el texto. En Uruguay, desde el año 2009 se exige que estos pictogramas abarquen el 80% del espacio de ambas caras del paquete de cigarrillos.

  Asociación de la marca a objetivos benéficos  

En este informe se menciona que las empresas recurren a pequeños productores y propietarios de locales públicos para resaltar el supuesto impacto negativo de la prohibición de fumar. Programas como “Convivencia y Armonía” diseñado por la industria propone la habilitación de espacios para fumadores y que se valide la instalación de purificadores y sistemas de ventilación. Pero está en duda la eficacia de estos sistemas y, además, se pone en riesgo la salud de los trabajadores que se desempeñan en esas áreas. En países como Colombia algunas empresas auspician programas contra el trabajo infantil o eventos artísticos.

  Estrategias políticas  

Las empresas tabacaleras también presionan e incentivan a dirigentes políticos para que cuestionen las medidas destinadas a combatir el tabaquismo como por ejemplo las tasas impositivas. La oposición de las provincias tabacaleras argentinas ha logrado que no se ratificara el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco firmado en 2003. En países como Uruguay, Brasil y Colombia las industrias han demandado a los gobiernos alegando que las leyes antitabaco afectan sus inversiones.